Histórico caso climático dirigido por niños va a juicio

Una mañana temprano del pasado mes de agosto, mientras lluvias torrenciales caían en Luisiana, una niña de 13 años llamada Jayden Foytlin despertó, pisó el suelo de su habitación y notó que el agua le llegaba hasta los tobillos. Al principio estaba confundida, dice Foytlin. Ella sabía que la tormenta causaría inundaciones, pero no se suponía que llegaría hasta su casa, en la pequeña ciudad de Rayne. En el momento en que la tormenta pasó, 7 billones de galones de lluvia habían caído en todo el estado, inundando más de 60.000 hogares y dejando 13 personas fallecidas. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las probabilidades de que la región central del Golfo se vea afectada por un evento de lluvia de esa magnitud han aumentado por lo menos 40 por ciento en comparación con el siglo pasado debido al cambio climático. 

Foytlin supo por primera vez sobre el cambio climático cuando tenía siete u ocho años. “Siempre pensé: ‘Oh, hay personas que se encargarán de ello’”, recuerda. Pero a medida que pasaban los años, “me di cuenta de que nada mejoraba”, dice ella. “Ellos no están tomando el control”. Entonces, en 2015, cuando ella y su madre se enteraron que una organización no lucrativa con sede en Oregón llamada Our Children’s Trust (OCT) buscaba jóvenes demandantes para participar en una demanda climática potencialmente revolucionaria, quiso ser parte de ella. En agosto de ese año, Foytlin y otros 20 niños de todo el país —reunidos por el reconocido experto en medioambiente James Hansen— presentaron una demanda civil que acusa al Gobierno de no proteger a las generaciones futuras de las consecuencias del cambio climático. Como solución, le piden al tribunal que ordene a las agencias federales desarrollar un plan basado en la ciencia para reducir de forma rápida las emisiones de carbono a fin de que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera disminuyan a 350 partes por millón en 2100 (actualmente estamos a unas 400 partes por millón). OCT litiga, de forma simultánea, demandas juveniles similares en tribunales de todo el país para obligar a los gobiernos estatales a idear y hacer cumplir sus propios planes para reducir las emisiones. Hasta ahora, ha habido victorias en Massachusetts, Washington, y Nuevo México. 

Cuando se presentó la demanda federal, el gobierno y los abogados que representan a la industria de combustibles fósiles nos respondieron rápidamente con mociones de desestimación (un caso federal similar presentado por OCT en 2011 se había desestimado). Pero ayer, en un movimiento que sorprendió a muchos observadores, un juez de distrito rechazó las mociones, lo cual permitió que el caso avanzara a juicio. “Los tribunales federales han sido con demasiada frecuencia cautelosos y excesivamente deferentes en el ámbito de la legislación medioambiental, y el mundo ha sufrido por ello”, escribió en su decisión.

Ahora, el sistema judicial de los Estados Unidos se ve obligado a lidiar con una pregunta fundamental: ¿Tienen los gobiernos la obligación legal de hacer todo lo posible para proteger a sus ciudadanos, incluidos aquellos que aún no han nacido, de la crisis medioambiental más catastrófica que los humanos han enfrentado alguna vez?

La demanda federal de OCT se basa fundamentalmente en dos afirmaciones: En primer lugar, al permitir activamente el desarrollo de combustibles fósiles y estimular la severa desestabilización climática, el gobierno ha violado los derechos constitucionales de los niños a la vida, la libertad y la propiedad, y los ha discriminado por cargarlos con un medioambiente inestable. En segundo lugar, afirma que el Gobierno también ha violado la doctrina de confianza pública, un principio basado en la ley común —el cuerpo de amplios principios legales que tienen sus orígenes en siglos de gobierno occidental, que aún no se articulan en la Constitución o en los estatutos— que exige a los gobiernos soberanos ser los custodios y protectores de los recursos compartidos, como la tierra y el agua.

El problema, de acuerdo con Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para la Ley sobre el Cambio Climático de la Escuela de Leyes de Columbia, es que ningún tribunal federal de los Estados Unidos de América ha aceptado alguna vez que hay un derecho constitucional a un clima estable, o que la doctrina de confianza pública se aplica incluso a los gobiernos federales. En otras palabras, “los demandantes le piden al tribunal aceptar las teorías legales que no se han aceptado antes”, dice Burger.

Eso no quiere decir que sea imposible. A Gerald Torres, profesor de legislación medioambiental en Cornell, le parece que el caso es persuasivo. El ambiente, dice, está disponible para el uso común, y puede ser regulado y preservado por el gobierno si es manipulado por entes privados, por ejemplo, a través de la carga excesiva de carbono.

Si el marco legal de la demanda parece no tener precedentes, es solo porque la amenaza planteada por el propio cambio climático no tiene precedentes. Para Julia Olson, directora y jefa de asesores legales de OCT, la demanda pertenece al grupo de casos innovadores que buscaban revertir la discriminación sistémica profundamente arraigada, tal como el caso Brown vs. la Junta de Educación, o el caso Obergefell vs. Hodges, el caso de la Suprema Corte que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ella señala que la ecuación que el gobierno utiliza para calcular el “costo social del carbono” literalmente asigna un menor valor económico por persona a las generaciones futuras. Eso, dice, es discriminación intencional.

Mediante la reestructuración del cambio climático en el ámbito público, a través de los demandantes solidarios y un argumento intuitivo y moral, OCT ha seguido una estrategia inteligente. “Están tomando esta cuestión muy profunda, incluso existencial, sobre nuestra relación con el clima y están presionándolo en un foro judicial donde un juez tiene que responder, basado en la evidencia, la razón y el principio”, dice Doug Kysar, un investigador de ley climática y profesor de la Universidad Yale. Incluso si no tiene éxito, argumenta, nos lleva a repensar la política del cambio climático como una cuestión de justicia y responsabilidad, no de dinero y política.

Esto, por sí solo, podría contribuir a suscitar un movimiento social. “Hay más de 80 millones de estadounidenses que ya han dejado en claro que la reducción de los gases de efecto invernadero es un objetivo político importante”, dice Torres. A medida que se expande el número, los tribunales están obligados a poner atención. Hacer caso omiso de 21 niños es una cosa y hacer caso omiso de millones más es otra: ¿dónde está la justicia en eso?