De qué manera las agencias de los EE. UU. manipulan los números de las regulaciones medioambientales

Al igual que la mayoría de estudiantes de matemáticas, las agencias tienen que mostrar su trabajo cuando resuelven un problema. Ya sea administrando las tierras públicas o tomando las riendas de la contaminación, se espera que respalden las decisiones más importantes con un desglose de ventajas y desventajas, y que presenten cómo los datos conducen a cada conclusión.

El gobierno de Trump, sin embargo, ha tomado un enfoque diferente. En lugar de seguir los números a donde conducen, los expertos dicen que se están manipulando las cifras en formas nunca antes vistas en favor de los intereses de los combustibles fósiles, lo cual dañará la salud de los humanos y la vida silvestre a largo plazo. “Creo que lo que este gobierno hace es solo una bestia completamente diferente”, comenta Richard Revesz, director del Instituto para la Integridad de las Políticas de la Universidad de Nueva York, un laboratorio de ideas independiente. “El análisis que usan está fuera de los límites del juicio profesional”.

Estas modificaciones han llevado a conclusiones igual de desviadas. En agosto del año pasado, el Departamento del Interior de los Estados Unidos concluyó que un proyecto de perforación de pozos petroleros podría en verdad reducir las emisiones de carbono a nivel mundial. El informe medioambiental del acuerdo —potencialmente la primera producción mar adentro de combustible en aguas federales de Alaska— hacía el razonamiento de que la extracción de hasta 70,000 barriles de crudo al día evitaría que los países extranjeros con regulaciones más permisivas usaran parte de sus propias reservas, una conclusión que los críticos dicen que desafía a la lógica económica de los mercados energéticos actuales porque malinterpreta el suministro y la demanda. “Ese análisis es completamente descabellado”, comenta Jeremy Lieb, abogado de Earthjustice, una organización ambiental sin fines de lucro. El gobierno aprobó el proyecto en octubre.

La contabilidad defectuosa del gobierno federal también rompe con el asesoramiento de hace mucho tiempo que trasciende los límites partidarios. Durante décadas, tanto la gestión republicana como la democrática han ordenado a las agencias que cuadren el costo de las normas nuevas con un estimado económico de sus beneficios, incluso hasta el punto de monetizar vidas humanas. Tradicionalmente, estas estimaciones han abarcado todos los aspectos positivos de una política, sin importar cuán indirectos sean. Por ejemplo, cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del Presidente Reagan vio los efectos de eliminar el plomo de la gasolina, se dio cuenta de que regulaciones más estrictas también reducirían la contaminación como la del ozono troposférico —un “cobeneficio” de salud valorado en $222 millones al año. Al tomar todo en cuenta, los ahorros ayudaron a que la agencia eliminara el plomo del combustible.

Pero los funcionarios de Trump, en varios casos, están tomando a la ligera este cálculo, al menos cuando le conviene a su agenda desregulatoria. “Está claro que el gobierno busca oportunidades para desinflar o inflar los beneficios, o para incorporar o excluir cobeneficios, todo para la conveniencia de los resultados a los que quieren llegar”, comenta Joseph Goffman, director ejecutivo del Programa de la Ley Medioambiental y de Energía de la Universidad de Harvard.

Tomemos su esfuerzo por repeler el Plan de Energía Limpia, la política climática distintiva del gobierno de Obama. Los funcionarios de EPA ignoraron miles de millones de dólares en beneficios de salud de las reducciones de la contaminación del aire que surgen de la reducción del carbono. De forma similar, en diciembre, la agencia dijo que las normas del 2012 para frenar las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas, que provocan una gran cantidad de problemas de salud en las personas, las aves y los animales acuáticos, ya no eran “apropiadas ni necesarias”. La agencia respaldó su opinión con cálculos que reducían el estimado previo de $90 mil millones en beneficios sociales de los límites de mercurio, a solo $6 millones.

“Las consecuencias son enormes”, dice Revesz. “No va a encontrar a ni un solo economista respetable que diga que esta es una metodología creíble”.

Hasta ahora, mucha de estas cuentas confusas se han hecho gradualmente. Pero el año pasado, la EPA anunció que quiere reescribir formalmente sus análisis de costo beneficio; una táctica que los ambientalistas y expertos legales ven como una forma de minimizar los aspectos positivos de todos los tipos de regulaciones. “Si institucionalizan ignorar los cobeneficios de las normas medioambientales, el efecto de eso a la larga podría ser enorme”, comenta Janet McCabe, catedrática de leyes de la Universidad de Indiana y, al igual que Goffman, exfuncionario de EPA bajo la gestión del Presidente Obama.

Al final, muchas de las decisiones del gobierno de Trump probablemente serán objetadas en los tribunales. Los grupos medioambientales ya han interpuesto demandas para detener el acuerdo de perforación en alta mar en el Ártico. Por el otro lado, dice Revesz, las carboneras ahora podrían demandar para anular los límites actuales para el mercurio, citando la conclusión de la EPA de costos no razonables. Antes de poder anular cualquier norma, sin embargo, la contabilidad de la agencia tendrá que ser aprobada judicialmente. Es como cuando le piden que pase a la pizarra en el salón de clases —todos pueden ver si sus números tienen sentido o no.

Información adicional por Lexi Krupp.

Este artículo se publicó originalmente en el ejemplar de primavera 2019 como “Fudging the Numbers” (Manipulando los números). Para recibir la revista impresa, hágase miembro hoy mismo realizando una donación.